EL GLOBAL
En estos establecimientos, muy ligados al entorno rural, los beneficios apenas cubren los costes de un salario profesional
Mirar con especial celo (obligado) los números. Y, algunos meses, hacer malabares para cuadrar cuentas y la balanza entre ingresos y costes, más aún cuando se cuenta con algún empleado en el establecimiento o se toma como referencia (si el titular es a su vez el único miembro de la plantilla) lo que estipula el salario mínimo del convenio colectivo.
Esta es la situación que, en mayor o menor medida, podrían estar viviendo en la actualidad en torno al 20 por ciento de oficinas de farmacia españolas, según el informe “La línea roja de la rentabilidad de las farmacias españolas” presentado recientemente por la asesoria Aspime. “Existe un modelo de farmacia en España que representa aproximadamente un 18 por ciento que vertebra y sostiene el modelo sanitario español por un instinto profesional y vacacional, por encima de razonamientos economicistas o empresariales, y que cubren la asistencia a una gran área de la geografía del Estado con dificultades competitivas y de subsistencia muy poco valoradas ni conocidas”, apuntan desde esta asesoría.
En concreto, las farmacias que filtrearían —en el mejor de los casos— o se situarían por debajo de esta línea roja de la rentabilidad serían aquellas con una facturación anual menor a los 300.000 euros, computando tanto venta libre como receta pública. Cabe recordar que en el caso de que la facturación al SNS sea ya por sí misma inferior a los 200.000 euros anuales, las boticas tienen la consideración oficial de viabilidad económica comprometida (farmacias VEC).
La línea roja de la rentabilidad que marca Aspime es aquella por la cual los beneficios netos de la farmacia apenas cubren, o no lo hacen, los costes directos ligados a la actividad y las cantidades salariales que estipula el convenio colectivo de farmacias, lo cual se produce en situaciones en las que los beneficios anuales se sitúan cercanos a los 25.000 euros(ver tabla). Son las farmacias que presentan un menor margen neto después de impuestos (6,54 por ciento). Esta irrentabilidad también impide realizar inversiones (apenas un 1,3 por ciento de lo facturado se revierte en ello).