EL GLOBAL
Un tribunal paraliza el concurso de la plataforma y la Consejería ‘responde’ acelerando su desarrollo normativo
El nuevo —y polémico— modelo de prestación farmacéutica a residencias que desea implantar la Generalitat de Comunidad Valenciana (Resi-EQIfar) ha iniciado su previsto ‘viaje’ por los tribunales, tanto administrativos como jurídicos. Un viaje que se aventura largo, por la variedad de entidades (colegios y asociaciones profesionales) que consideran “ilegal” este modelo que centraliza en la farmacia hospitalaria el servicio a todas las resuidencias regionales y ya han anunciado que acudirán a estas vías a fin de evitar que vea la luz.
El primer capítulo ha tenido lugar en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Este órgano, atendiendo sendos recursos presentados por el Colegio de Farmacéuticos de Valencia y una agrupación (UTE) de farmacias, ha suspendido cautelarmente el concurso de licitación convocado en diciembre por la Generalitat para contratar la plataforma logística desde la que se prepararía y distribuiría la medicación en SPD a los cerca de 28.000 residentes en centros sociosanitarios regionales. Bien sean estos centros de titularidad pública o privada, e independientemente del número de plazas.
Así las cosas, con esta decisión la Administración valenciana se ve obligada a paralizar la implantación práctica de Resi-EQIfar. Cuando menos, parcialmente. Y es que la Consejería de Salud Universal valenciana insiste en minimizar sus efectos al catalogar esta suspensión cautelar de “puramente procedimental” por la mera admisión de los recursos y que solo afecta “a una parte del proyecto”.
En este sentido, la Consejería reaccionaba a la noticia adelantada por EG enviando un comunicado en el que aseguraba que mientras se resuelve este litigio —al que ya ha presentado alegaciones—, mantendría “en marcha” otras ramas del proyecto como el “desarrollo reglamentario” del modelo vía decreto, así como el proceso de contratación de cien puestos de trabajo. Incluso, mantiene abierta la posibilidad de presentar ofertas a este concurso.
Y así lo hizo. Apenas tardó un día en buscar dar un rápido respaldo a Resi-EQIfar y a los partidarios del mismo. Y ya se sabe que en política poco o nada es casualidad. El 20 de febrero, cuando no habían trascurrido 24 horas desde que trascendiese la suspensión cautelar de la licitación, la Generalitat valenciana sometió a consulta pública el proyecto de decreto que regulará esta prestación farmacéutica a centros sociosanitarios regionales.
La Generalitat corroboraba así su aviso de que continuaría adelante con su desarrollo normativo. Ahora bien, mientras no se pueda convocar y resolver el concurso no será posible su implantación práctica (sobre el terreno). Las intenciones de la Administración valenciana pasan por poder implantar Resi-EQIfar en este 2018.
No obstante, el propio colegio valenciano también ha manifestado ya su disposición a acudir a la justicia una vez se concrete ese desarrollo normativo del proyecto. Ello aventura nuevos capítulos en los tribunales y una más que presumbible demora en el tiempo, aunque las intenciones de la Administración siguen pasando por implantar este nuevo modelo a lo largo de 2018.
En la exposición de motivos de este proyecto de decreto, la Generalitat insiste en los argumentos que viene defendiendo para el cambio de modelo, en beneficio de la centralización del servicio en la Farmacia Hospitalaria a todo tipo de centros (públicos o privados). Así, entre otras cuestiones, se recuerda la “inequidad manifiesta” de la prestación entre residentes de centros públicos y privados que habría ocasionado el modelo vigente y la “excesiva concentración” de este servicio y su facturación entre unas pocas oficinas de farmacia. Así, considera que Resi-EQIfar facilitará esa equidad farmacoterapéutica, amén de una mayor calidad de todo el proceso e integración asistencial.
Una primera “batalla” ganada
De vuelta al litigio en torno al concurso de la plataforma logística, en el recurso presentado por el COF de Valencia se justifica la petición de medidas provisionales o cautelares a fin de “evitar que, como consecuencia de la perfección y comienzo de la ejecución del contrato, sea materialmente imposible revertir dicha situación”.
En el cuerpo del escrito, la corporación farmacéutica denuncia que “los pliegos de este contrato están incursos en varias causas de nulidad de pleno Derecho previstas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”.
Entre otras consideraciones, alegan que los pliegos serían nulos al no exigir la habilitación profesional necesaria para el desarrollo de las tareas de almacenamiento, reenvaso y preparación de SPD “perjudicando a los interes profesionales de los farmacéuticos”, así como que el pliego impone requisitos de solvencia técnica “excluye a los titulados que no dispongan de la especialidad en farmacia hospitalaria”. Así las cosas, si la licitación sigue adelante, “situaría a los titulares de oficina de farmacia en una situación de desventaja”, reza el escrito.
Al margen de lo que pueda dictaminar una futura resolución sobre el fondo del recurso, este tribunal administrativo atiende la petición de suspensión cautelar dado que “el análisis de los motivos (...) pone de manifiesto que los perjuicios que podrían derivarse de la continuación del procedimiento de contratación son de difícil o imposible reparación”, se indica en la respuesta. La valoración que se hace desde el COF de Valencia es de “una primera batalla ganada”, indica su presidente, Jaime Giner. “El tribunal ha sabido entender que los perjuicios podrían ser irreparables. Seguimos pensando que es un modelo ilegal”, añade.
Cabe recordar que el el concurso está dividido en dos lotes: por una parte la preparación individualizada de dosis unitarias de medicamentos y de los pedidos de reposición de los depósitos de medicamentos y productos sanitarios. Por otra, la recogida y entrega de ambos a las residencias. El importe máximo de ambos lotes para cuatro anualidades es de 39.172.661 euros, existiendo la posibilidad de prórroga por 2 años más.
En lo referente a la distribución de la medicación se prevé pedidos ordinarios semanales, extraordinarios en 72 horas y urgentes en 24 horas a los centros sociosanitarios.