CORREO FARMACÉUTICO
Tras el recurso del Gobierno central, aún no se ha celebrado la Comisión Bilateral para analizar el proyecto.
Resi-Eqifar, el modelo que la Consejería de Sanidad valenciana quiere imponer en el ámbito de residencias sociosanitarias de la comunidad, genera más incertidumbres y dudas que soluciones a problema reales. Así lo han señalado los especialistas reunidos en la mesa redonda Riesgos y oportunidades del modelo Resi-Eqifar, celebrada la semana pasada en el COF de Valencia. Al margen de las complicaciones que se prevén en su desarrollo, existe coincidencia en que lejos de fomentar la calidad, la equidad y la integración, puede llevar a situaciones diametralmente opuestas, ya que “un modelo que excluye a las oficinas de farmacia no puede ser más equitativo”, como ha expuesto José Roca, vocal de Sociosanitarios del COF de Valencia. En su opinión, si “lo que se pretende es poner un sistema centralizado de compras” y además apostar sólo por el modelo hospitalario “empezamos mal”. En esta línea, Fermín García, miembro de la Comisión de Sanidad de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), ha comentado que “desde la propia Administración no tienen clara su implantación”, señalando que con un solo servicio de farmacia inicialmente para toda la región, “en vez de personalizar y simplificar” los tratamientos, parece que se apuesta “por lo contrario”. A su vez, Roca ha lanzado otra cuestión ¿Por qué no se ha hecho una experiencia piloto con los centros públicos que ya están gestionados por servicios de farmacia sociosanitarios? Para el vocal del COF de Valencia, “si hubieran implantado ese piloto, podríamos ver cómo funciona y a lo mejor nos convencían”.
Los peligros
Por todo ello, ha reiterado que “hacer experimentos es muy peligroso”, sobre todo porque se corre el riesgo de que, como hay una única licitadora, ésta pueda incluso perder dinero al principio pero, una vez sin competencia o alternativa, subir el precio dentro de unos años. Carlos Mínguez, abogado del bufete Uría Menéndez, ha señalado que la actuación de la Administración daría a entender que se había topado con un “sistema actual que está en crisis y por eso se actúa con celeridad y sin consensuar”. Pero dado que eso no era así, al final se trata de una decisión política de “hágase y hágase cuánto antes”. Tras el recurso del Gobierno central, ha recordado que “quien firma aquí es la que ahora está al otro lado” (en referencia a la ministra de Sanidad, Carmen Montón, impulsora del proyecto) y aún no se ha celebrado la Comisión Bilateral para analizar el proyecto. Por ello, según Mínguez, esa vía “ha perdido parte de fuerza, pero no ha desaparecido”, y obligará a algún “gesto” por parte de la Consejería para despejar las “pegas” que se pongan desde el Gobierno central, que podría conformar con “un apaño”. Por su parte, Alfonso Valero, de la comisión ejecutiva de la Federación de Sanidad de CCOO en la Comunidad Valenciana, ha recordado que la implantación del modelo supondrá el cierre de los servicios de farmacia sociosanitarios actuales y el despido de todos los profesionales, ya que “no hay posibilidad de absorción”. También ha destacado que su sindicato sí está a favor de la compra centralizada para el ahorro en fármacos, y está de acuerdo “con el fondo, pero no con las formas” del proyecto.