DIARIOFARMA
La Federación Provincial de Asociaciones Democráticas de Pensionistas y Jubilados de UDP Valencia, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) y el Consejo Valenciano de Colegios de Farmacéuticos han comunicado el establecimiento de una posición común para pedir a la Conselleria de Sanitat que "dé marcha atrás al modelo de prestación farmacéutica de las residencias de mayores".
Como agentes implicados, dicen querer hacer sus aportaciones "para mejorar al modelo existente, desde la colaboración y el diálogo", por lo que se pide que se paralice el nuevo modelo propuesto por la Conselleria de Sanidad Pública y Salud Universal y que se inicie, desde la base, un proceso participativo contando con todas las entidades que actúan en el mismo.
Desde la UDP y AERTE se ha valorado de manera muy positiva el trabajo que realizan los profesionales farmacéuticos en el modelo vigente y se ha insistido en que "se debe contar con la opinión de las organizaciones que están trabajando en la gestión actual para conocer de primera mano las circunstancias concretas de la realidad de las residencias privadas".
Asimismo, todos los integrantes han pedido que el sistema que se aplique garantice que se va a mantener la misma calidad del servicio que reciben actualmente las personas mayores que viven en las residencias, y no consideran que el modelo propuesto por la Conselleria vaya a ser capaz de hacerlo al prestarse desde un único servicio de farmacia para más de 250 centros, con características, necesidades y ubicaciones muy diferentes. "Por ejemplo, se plantea un reparto semanal de medicamentos cuando actualmente se está haciendo varias veces a la semana e incluso en determinados casos, de manera diaria", explican.
Asimismo, señalan que es muy importante "que la Conselleria remita al resto de entidades el estudio económico que ha llevado a cabo para poder contrastarlo de manera conjunta y poder analizar áreas de mejora".
Además, sería un buen momento para seguir avanzando en una coordinación sociosanitaria completa e integral que podría suponer un nuevo sistema de atención a las necesidades sociales y que podría conllevar un ahorro de unos 125 millones de euros anuales, según los estudios presentados en los últimos años.