LAS PROVINCIAS
Los expertos en atención a personas mayores defienden una asistencia cercana al usuario frente «a un servicio distante»
Las críticas al nuevo modelo de prestación farmacéuticas para las residencias de mayores llegan ahora desde la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología (SVGG). Los especialistas en la atención a personas mayores no comparten la propuesta de la Conselleria de Sanidad que pasa por la centralización de la prestación en el servicio de farmacia del Hospital La Fe. Consideran que la centralización no garantiza «prestar un servicio eficiente ya adecuado de las personas mayores».
La propuesta del Consell, que entrará en vigor en enero de 2018, se sustenta en la dispensación de dosis semanales a los mayores residentes en centros públicos y privados de la Comunitat Valenciana. La adquisición y preparación de los fármacos se realizará en el Hospital La Fe, desde donde también se distribuirá a todos los centros de mayores del territorio valenciano.
El Colegio de Farmacéuticos de Valencia se mostró contrario a la propuesta, que afectará a 27.000 mayores, nada más conocerse. También La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte) criticó el modelo. Ahora los geriatras cuestionan «el tipo de atención farmacéutica que está diseñando la Conselleria de Sanidad».
«Inapropiado»
La razón que les lleva a mantener esa posición es que no consideran que sólo «farmacia en el Hospital La Fe pueda prestar servicio eficiente y adecuado a las necesidades de las personas mayores que viven en residencias». La apuesta de estos facultativos es favorecer que los mayores puedan acceder a «unos servicios de farmacia especializados y cercanos» que puedan ofrecer pronto una respuesta a los posibles problemas que puedan surgir.
Las críticas que los especialistas en la atención médica de personas mayores no sólo cuestionan las características del modelo escogido por la Conselleria de Sanidad y la de Igualdad y Políticas Inclusivas. Además, consideran «inapropiado tomar decisiones únicamente en base a criterios económicos en los que parece haberse fundamentado» el plan promovido por los departamentos del Consell que dirigen Carmen Montón y Mónica Oltra. Los médicos ponen el acento en la importancia de contar con el criterio de los profesionales, así como de «las personas implicadas». Ese es el camino que a juicio de la SVGG se debe seguir para actuar de «manera coordinada y consensuada» con la finalidad de garantizar y proteger los derechos de atención sanitaria de los mayores.
Cuando se presentó la iniciativa, los representantes del Consell aclararon que antes de darla a conocer no se había trasladado su contenido a los colegios de farmacéuticos de la Comunitat Valenciana. Los profesionales recibieron información del proyecto después de se diera a conocer a la opinión pública. Con posterioridad tuvo lugar un encuentro entre la Administración y los profesionales.
A los farmacéuticos se refieren también los geriatras al analizar la medida que prepara Sanidad para su puesta en marcha el año que viene. La SVGG defiende para el modelo «mayor participación» de los farmacéuticos de zona. Consideran que los boticarios pueden ofrecer consejo a los profesionales sanitarios de cada residencia. La clave de ese beneficio que consideran es la proximidad y en contraposición a ello se muestran partidarios de que no se «utilice un servicio hipertrofiado y distante de los centros de mayores» en tanto que creen que ello alejará a los beneficiarios de la prestación de «calidad en la prestación farmacéutica».
Nada más conocerse el anuncio del nuevo modelo de prestación farmacéutica el colegio profesional de Valencia se mostró partidario de «denunciar» el convenio que rige la relación de las farmacias con Sanidad, lo que significaría paralizar la colaboración en todo lo que contempla ese acuerdo.
Los profesionales consideraron en ese momento que hay un «incumplimiento» por parte de la Administración. Jaime Giner, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, manifestó entonces la «gran sorpresa» por una actuación que supondrá que «27.000 personas dejen de ir a las farmacias» como consecuencia de algo que consideró una medida «injustificada». Recordó en ese momento que las oficinas de farmacia ya arrastran «una situación complicada» que ante el futuro escenario que se derivaría de este modelo temen que se pueda «agravar y con ello vayan desapareciendo farmacias y las que queden no puedan ofrecer el servicio que dan».
La movilización que ha generado la propuesta de la Administración ha alcanzado a la Unión Democrática de Pensionistas (UDP), que junto con Aerte y el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de la Comunitat, solicitó que Sanidad diera marcha atrás.