EL GLOBAL
Lo pedía recientemente, y de forma pública, el consejero de Sanidad de Extremadura: “ya es hora de que el Sistema Nacional de Salud se tome en serio la interoperabilidad de la receta electrónica entre todas las comunidades autónomas”. Este aviso cobra más relevancia si cabe dado que Extremadura no es una región “sospechosa” de apatía en este fin. Todo lo contrario. Acaba de celebrar una década de prescripciones electrónicas, asumió junto a Canarias el pilotaje del proyecto de interoperabilidad (también fueron las primeras en iniciar las dispensaciones electrónicas reales), y tiene asimismo implantada de forma pionera en toda su red de boticas la e-receta de mutualidades como Isfas.
A pesar de que la aplicación en este fin de regiones como Extremadura, por mucho que quieran avanzar Vergeles recuerda que en este asunto las autonomías “están a lo que diga el Sistema Nacional de Salud”. Y no parece ser que el interés por meterle velocidad a la interoperabilidad de la receta electrónica sea la misma en todas las Administraciones. No al menos con lo visto hasta ahora.
Precisamente, no solo el consejero extremeño mantiene esta preocupación en la plana política. El pasado 23 de febrero, el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Francisco Igea, interpeló en sede parlamentaria a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, sobre los planes de su Departamento en torno a la interoperabilidad de la receta.
La respuesta de la ministra no fue precisamente concisa. Más allá de informar de la inclusión de Comunidad Valenciana en el proyecto, recordó que la estrategia de extensión pasa por hacer compatibles los sistemas de cada región respetando, al mismo tiempo, sus modelos propios de e-receta. Asimismo, animó a los grupos políticos a un “Pacto de Estado” para trabajar “juntos” en el avance de la sanidad electrónica.
Cronograma sistemáticamente fallido
Es innegable el retraso que acumula la implantación de esta interoperabilidad, a fin de que permita lo que ya permitía la receta en papel y que actualmente no es posible: que cada paciente pueda retirar su medicación prescrita en cualquier farmacia del país.
Tanto los plazos marcados en las normativas para conseguir la plena interoperabilidad como las previsiones de la propia Administración vienen siendo incumplidas. La primera fecha —1 de enero de 2013— fue dada por el Real Decreto-ley 9/2011 y pronto resultó ser una quimera. La segunda, al margen ya de normativas, fue planteada por el Ministerio de Sanidad y la situaba en enero de 2015. Llegada esa fecha, ni tan siquiera había arrancado el proyecto. Ello llevó a ser más precavidos y en un informe presentado al Consejo Interterritorial del SNS en enero de 2015 ya se planteaba que podría ser una realidad en España “a lo largo de 2016”. También se falló. Ahora se apunta a este 2017... Y ello obligará a meter una marcha más en los próximos meses.
Valencia, la quinta en dos años
Actualmente, apenas son cinco regiones las que se han integrado en el proyecto a lo largo de los dos años que lleva en marcha. Cabe recordar que las farmacias de Extremadura y Canarias asumieron la fase de pruebas de esta interoperabilidad, entre noviembre de 2014 y julio de 2015.
La última en incorporarse ha sido Comunidad Valenciana el pasado 22 de febrero. La región mediterránea se une así a las citadas Extremadura y Canarias, además de Navarra y Castilla-La Mancha (2016). Así, sus oficinas de farmacia ya pueden despachar las prescripciones electrónicas prescritas en las otras cuatro regiones, al igual que los pacientes de esta región podrán retirar sus medicamentos en las otras con la mera presentación de la tarjeta sanitaria (Castilla-La Mancha de momento solo lo hace a nivel emisor).
Actualmente, 4.281 farmacias (en torno al 19,5 de la red nacional) pueden dispensar recetas operables, en espera de que se unan de forma inminente las 1.275 de Castilla-La Mancha, las cuales están ultimando sus sistemas técnicos. A corto plazo, los planes del Ministerio pasan porque Galicia, Aragón y La Rioja sean las siguientes en sumarse al proyecto en la fase siguiente. Aun quedarían más de la mitad de las CC.AA por adherirse al proyecto y nueve meses para cumplir el enésimo propósito: 2017.