CORREO FARMACÉUTICO
El Gobierno señala en el Plan Nacional de Reformas para 2017, que acaba de publicar, que el nuevo modelo de financiación autonómica, cuya elaboración está en marcha, tiene como uno de sus grandes objetivos garantizar el gasto sanitario necesario y equitativo para todos.
El programa, disponible en la web de La Moncloa, recuerda que el presupuesto sanitario aumenta este año un 2,3 por ciento y que los fondos para dependencia también suben y promete una financiación suficiente en sanidad, ligada a la reforma del sistema de financiación autonómica, y una "mayor integración de los sistemas sanitarios y de asistencia y de mejorar la coordinación y racionalización del gasto sanitario".
El Gobierno también subraya que las autonomías tienen la posibilidad de unirse voluntariamente al pacto firmado con Farmaindustria, que vincula el crecimiento sanitario con el del PIB, y señala que, las que lo hagan, podrían recibir penalizaciones si no cumplen con el objetivo de déficit (por ejemplo, una limitación de su cartera suplementaria sanitaria). En este sentido, insiste en la necesidad de firmar protocolos con otras patronales (tras hacerlo con Farmaindustria), citando la de fármacos genéricos (Aeseg) y la de tecnología sanitaria (Fenin).
Una mayor transparencia en torno a datos sanitarios y farmacéuticos es otra de las promesas del Gobierno.
REPASO A LAS MEDIDAS DE EFICIENCIA
En el Plan Nacional de Reformas para este año, el Gobierno incluye un repaso a las medidas de eficiencia y sostenibilidad puestas en marcha los últimos años y se anuncia, sin mayor concreción, un plan de renovación de tecnología sanitaria y una corrección del impacto que causa el copago farmacéutico.
En el caso del copago, se entiende que la medida responderá al plan, anunciado hace años por la ministra Ana Mato, retomado por la ministra Montserrat y posteriormente negado por ella y por el presidente Mariano Rajoy, de incluir nuevos tramos en el copago farmacéutico de los pensionistas. Actualmente sólo hay dos, que van de los 0 a los 18.000 euros, y de los 18.000 hasta los 100.000, lo que lleva años generando críticas.
Finalmente, incluye también la reducción de las tasas de interinidad en empleo público, concretamente un 8 por ciento en los tres próximos años. con un cien por cien de tasa de reposición en ámbitos como la sanidad.