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El decreto de servicios profesionales farmacéuticos de Comunidad Valenciana encara su recta final para ver la luz. La Consejería de Salud Universal ha publicado el proyecto de decreto este 13 de noviembre en el Diario Oficial de la Generalitat valenciana, por lo que se abre un plazo de siete días para su audiencia pública y, por ende, para el envío de posibles alegaciones por las entidades afectadas. Dicho texto está consensuado con los colegios farmacéuticos.
Cabe recordar que esta norma tiene por objetivo regular los servicios profesionales asistenciales que podrán prestar las farmacias valencianas mediante la concertación con la Consejería. En concreto, esta iniciativa es fruto del acuerdo alcanzado entre Administración y COF sobre la necesidad de “transformar el actual modelo de farmacia comunitaria en un nuevo modelo enfocado a la farmacia comunitaria asistencial integrada”. Así quedó recogido en el concierto de prestaciones firmado en julio de 2016 y ahora se llevará a la práctica con esta normativa.
Como recoge este proyecto —a expensas de posibles alegaciones a atender— todo servicio concertado que puedan prestar las farmacias de Comunidad Valenciana en el futuro podrá ser propuesto por la propia Consejería o los colegios farmacéuticos, en función de las necesidades de salud pública. La evaluación sobre su concertación tendrá lugar en el seno de la Comisión Central de Asistencia Farmacéutica y partirá de diversas premisas: que sea beneficioso para la mejora de la salud de la población, que sea coste-efectivo (con pilotaje previo y definición de indicadores de medición de resultados) y que en ningún caso suponga nuevas “cargas económicas” para las partidas sanitarias de la Generalitat. Ahora bien, el decreto deja la puerta abierta a la retribución de estos futuros servicios concertados.
En el caso de las farmacias, la participación y prestación de futuros servicios concertados será voluntaria, y estará sujeta a un proceso previo de formación, capacitación y certificación, siendo los colegios los encargados de supervisar y validar estas cuestiones. El proyecto de decreto incluye un anexo que recoge una suerte de “decálogo” con los criterios necesarios para la concertación: desde el diagnóstico inicial que ‘invita’ a la puesta en marcha del servicio, hasta la metodología del pilotaje o el seguimiento una vez implantado.